Desayuno de trabajo con los jueces de familia para debatir la efectividad de la mediación intrajudicial

Con el fin de obtener propuestas de los juzgados para mejorar la efectividad de la mediación intrajudicial, en la mañana del viernes 27 de enero tuvo lugar un desayuno y posterior debate en los juzgados de Primera Instancia de la calle Poeta Joan Maragall.

Estuvo organizado por Ana Palomeque, responsable del Departamento ADRs-MASC-mediaICAM, Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y por Marisa Montero, presidenta del Instituto de Mediación del ICPM, que actuaron de moderadoras junto con los ilustres magistrados Rocío Nieto y Luis Aurelio González Martín. Contó, además, con la intervención de la magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, la vicedecana del ICPM M.ª del Carmen Giménez Cardona, el director de Área de Defensa, Normativa y ADRs-MASC del Colegio de la Abogacía de Madrid, Fernando Bejerano Guerra y una docena de jueces de familia.

Se trataron tres cuestiones: “¿Qué podemos aportar/mejorar desde las instituciones para que las futuras derivaciones a mediación que se efectúen desde los Juzgados de familia tengan la efectividad que todos queremos?” “¿Cuáles han sido las deficiencias y/o dificultades observadas en el proceso de derivación por el juzgado que hayan podido suponer una pérdida de confianza en este medio de gestión de conflictos?” Y “¿cómo se podría introducir, desde la visión del juzgado, la mediación previa a las demandas de ejecución, que en Familia producen en la mayoría de las ocasiones un colapso al tribunal y una dilación en el tiempo para las partes, que de seguro se podría evitar en un tanto por ciento importante?”.

Las conclusiones finales extraídas fueron:

1. La necesidad de informar y difundir la mediación entre todos los operadores jurídicos y el proceso para la derivación de asuntos.
2. El establecimiento de canales de comunicación adecuados que faciliten a los juzgados las derivaciones a las instituciones de mediación, sin que ello suponga un incremento en la carga de trabajo de la oficina judicial.
3. Que todos los juzgados dispongan de un listado de instituciones acreditadas para llevar a cabo las derivaciones.